El programa de compra de créditos para contaminar, conocido como “cap and trade” ha generado en 2013 cientos de millones de dólares que deben ser asignados en el 2014 a programas ligados al medio ambiente.

Ese destino fue la idea inicial de la ley AB32, aprobada en 2006 como una medida que estaba a la vanguardia mundial en el combate al calentamiento global originado por el efecto invernadero. La ley establece que el Gobierno imponga topes al sector privado sobre la cantidad de emisiones contaminantes que puede emitir. Si una empresa desea o no puede cumplir con esos límites puede comprar derechos o créditos para incrementar su contaminación.

Este año se informó que se generaron de 1,100 millones de dólares en estas transacciones, de los cuales 603 millones de ellos quedaron en las empresas gracias a una cláusula controversial para ayudarlas en un período de transición, y 478 millones de dólares fueron abonados al gobierno estatal.

En junio pasado el gobernador de California, Jerry Brown, decidió que esos fondos se usen para reducir el déficit del presupuesto. Ahora que el Analista Legislativo estima un superávit de 5,600 millones de dólares para el presupuesto de 2015, es hora de comenzar a devolver el dinero para que sea usado para los fines previstos.

Se supone que este dinero sea invertido en proyectos específicos, como transporte público, que reduzcan la emisión de gases.

Creemos que más importante aun es invertir en la salud pública. En atender los crecientes casos de asma y problemas respiratorios en las comunidades vecinas a las instalaciones contaminantes, que hoy siguen pululando el aire, aunque paguen para poder hacerlo.

Esperamos que el próximo 10 de enero el gobernador Brown, cuando anuncie sus planes para el 2014, decida regresar los fondos para que realmente sirvan para combatir el impacto de los gases de carbón en las comunidades más pobres aledañas a las plantas industriales.